La EMVS ejecuta el desahucio de Emilia en un cuarto intento
 24 Feb. 2015 Juan Zarza 
Madrid, 25 de febrero de 2015. La de hoy era la cuarta vez que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) ponía fecha y hora de lanzamiento al desahucio de Emilia, su hijo y sus tres nietos -de 7, 6 y 3 años de edad- todos ellos residentes en una vivienda de la calle Égica, en el barrio madrileño de Alto de Extremadura, que es propiedad de la entidad municipal. En esta ocasión, ni la presencia de decenas de activistas antidesahucios ni los intentos de mediación del abogado de la Plataforma de Afectados por la Vivienda y Suelo Público (PAVSP), Manuel San Pastor, han podido evitar el desalojo.   Poco después de las 7:00 horas, seis furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP) han cortado el acceso a la calle Égica e impedido el acceso a la vivienda de una treintena de activistas de Stop Desahucios y del Grupo de Vivienda de Asamblea Latina, que protestaban frente al cordón policial por el desalojo de la familia de la que, recuerdan, “es una vivienda pública”.   Aun así, al menos cuarenta personas entre activistas, periodistas y vecinos, han acompañado a la afectada desde el interior de la vivienda, donde han esperado la llegada de la Comisión Judicial, que se producía a las 9:30 horas, y desde donde el abogado ha tratado de negociar, sin éxito, un nuevo aplazamiento. Ocho agentes de la UIP han forzado entonces el acceso al piso con un ariete y, una vez dentro, han cacheado a varios de los presentes, incluidos Emilia y su abogado.   Los activistas, que no han querido oponer resistencia una vez que la policía ha accedido al interior de la vivienda, sí han tratado de dificultar su paso acumulando los muebles de la afectada en el pasillo de acceso.   Emilia, que tiene una deuda de 3.000 euros con la EMVS de Madrid, organismo al que hasta ahora abonaba un alquiler de 72 euros mensuales, había logrado hasta en tres ocasiones el aplazamiento del desahucio, pero no el fraccionamiento de la deuda.Su abogado, Manuel San Pastor, ha intentado negociar con la entidad “en repetidas ocasiones”, un plan de pago que incluyera el alquiler social y la reducción de la deuda, y permitiera a la familia permanecer en la que ha sido su vivienda durante los últimos 13 años.

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