Se aplaza hasta junio el desahucio de una mujer estafada por un prestamista
 28 Abr. 2015 Eliezer Sanchez 
Madrid, 29 de abril de 2015. Activistas antidesahucios de la Asamblea Popular de Tetuán (Madrid) han logrado aplazar esta mañana la ejecución del desalojo de Carmen, una vecina de la calle Comandante Zorita que, denuncian, “ha sido víctima de la estafa de un prestamista”.   La Unión de Crédito Hipotecario, empresa que administra José Ruiz Encinas, concedió a Carmen varios créditos que ésta avaló con su casa, un piso sin cargas de 200 metros cuadrados, exterior, y situado junto al corazón financiero financiero de Madrid, que la afectada heredó de su padre y la empresa tasó en 2007 en menos de 100.000 euros.   Se trata de un precio “muy por debajo del valor real de la vivienda” y que, de hecho, “no corresponde a este piso sino a un supuesto apartamento de 50 metros cuadrados que nadie sabe donde está”, explica su abogado, que ha solicitado la nulidad de la tasación y también del contrato por sus condiciones abusivas, y presentado una querella contra el prestamista por estafa.   Las condiciones abusivas que denuncia Landete son “los altísimos intereses del préstamo”, de un 29%, y “el corto plazo para su devolución”, de apenas un año, unas condiciones que llevaron a Carmen a solicitar nuevos créditos que la empresa le concedió, y que ahora ascienden a un total de 90.000 euros.   La afectada, que lleva 7 años en paro, ha sido incapaz de afrontar esa deuda y el prestamista, ante el impago, ha dado la orden de ejecutar el aval y ha sacado la casa a subasta. Esto, explica el abogado, “significa que la casa se ha puesto a la venta por un 70% del valor de su tasación, es decir, del valor del supuesto apartamento de 50 metros cuadrados y no de la vivienda de Carmen”. Además, “las viviendas casi nunca se venden en la primera subasta y en las siguientes se rebaja más el precio”, insiste Landete, por lo que “no sería de extrañar que esta vivienda se haya vendido por unos 30.000 euros”, añade. “Lo más llamativo, aún así, no es el precio irrisorio de la vivienda sino quién la adquirió en la subasta”. El piso que Carmen heredó de su padre y del que la quieren desalojar es ahora propiedad de Ester Ruiz Hernández, la hija del prestamista.   “Los pisos sin cargas son un caramelo para los prestamistas”, señala el abogado de la afectada que asegura que “ésta es una práctica habitual”. Los activistas antidesahucios denuncian por esto “el abuso” de estas empresas, que “reciben con los brazos abiertos a quienes los bancos deniegan un crédito” y “les pintan todo de color de rosa, aprovechando la vulnerabilidad de la gente para hacer negocio”.   Ahora, con el desahucio de Carmen aplazado hasta el próximo 2 de junio, el abogado tiene “algo de margen para negociar”, pero los procesos interpuestos contra Encinas, por lo civil y por lo penal, son lentos y “es posible que, cuando salga el juicio, a Carmen ya la hayan desahuciado de su casa”. En estos casos, explica Landete “lo único que se puede hacer es reclamar una compensación económica por el valor real de la casa”, porque “lo más probable es que para entonces ya la hayan vendido a una tercera persona que no tiene la culpa de nada”. En otros casos, asegura que la misma empresa prestamista realquila la vivienda a su anterior propietario “aprovechando que no la quieren abandonar”.

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