Charo y su familia, dos veces desahuciados y sin alternativa habitacional
19 Feb 2015
Eliezer Sanchez
Madrid, 20 de febrero de 2015. El próximo día 23 de febrero Charo y su familia, incluidos sus dos hijos de 5 y 8 años, podrían quedarse en la calle. El pasado lunes fueron desahuciados de la vivienda en la que residían desde abril de 2014, en el distrito madrileño de Puerta del Ángel, y realojados en un hotel situado en un polígono industrial de Vallecas. Es la “solución de emergencia” que ofrece el Samur Social, que deriva al hotel a familias sin recursos y sin alternativas por un periodo de entre 3 y 7 días, prorrogable en función de las circunstancias, pero que en el caso de Charo se han negado a prorrogar. Y es parte del “periplo por las instituciones del Estado” que, denuncian los activistas antideshaucios, “viven las familias cuando son expulsadas de la vivienda que habitan y no tienen alternativa habitacional”.
Alega el Samur que “no puede hacerse cargo de todos los casos derivados por el Ayuntamiento” y que su función se limita a la “emergencia inmediata”. Y por una cuestión de “presupuesto” y por “la necesidad de priorizar”, deniega la prórroga de una semana solicitada por la afectada “para poder hacer las gestiones” y conseguir “una solución estable”. Es lo que explicaba ayer la responsable de tramitar estas solicitudes en el Samur Social de Madrid, en una reunión que mantuvo con Charo y varios miembros de la Asamblea de Vivienda Latina que la acompañaban. Lo hacía en base a unos criterios de los que no podía informar por tratarse de un “documento interno” pero que apuntaban a que Charo tenía “otras alternativas”, como acudir a su red de apoyo familiar, que la Asamblea de Vivienda asumiera los costes de la estancia en el hotel o incluso que los activistas acogieran a la familia en sus propias casas. En el peor de los casos, ha dicho la responsable ante la acusación de estar violando los derechos de la infancia, “los menores pueden ser trasladados a un centro de acogida”. Es la respuesta institucional de un Estado que, según denuncia la Asamblea de Vivienda Latina, “no se está haciendo cargo en ningún caso de las familias que no tienen ningún recurso”.
Hasta el Samur Social se habían desplazado los activistas antidesahucios tras pasar “toda la mañana del miércoles” en la oficina de los Servicios Sociales de Moncloa. “Al principio nos dijeron que no nos podían atender porque no teníamos cita previa, pero presionamos un poco y al final conseguimos reunirnos con la trabajadora social”, explica Irene, que protesta porque en Servicios Sociales les dieron “negativas a todas las posibilidades de ayudas sociales”, les informaron de que el Samur Social era quien había denegado la prórroga del servicio y les derivaron al Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) y a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). “Te envían de una sede municipal a otra y ninguna te da solución”, añade la activista, quien sostiene que “la única alternativa que el Estado ofrece a las familias sin recursos es ocupar”. Charo, dice, “es un ejemplo” de ello.
Ocho años en lista de espera para acceder a una vivienda pública
La familia de Charo es una de las 60 familias que fueron desalojadas por el Ayuntamiento de Madrid del Poblado de Puerta de Hierro en el año 2010. “Un poblado de casas en perfecto estado, y no de chabolas, que existía desde antes de los años 60”, recuerda la afectada –que nació allí– y que el Ayuntamiento desalojó forzosamente, sin proporcionar a sus más de 300 habitantes, muchos de ellos menores, “ninguna salida”.
“Todavía no sabemos por qué no se nos reconoció el derecho a la vivienda”, protesta Charo, que desde entonces, y hasta el pasado mes de abril, ha estado “viviendo acogida, de casa en casa, de familiar en familiar”, junto a su pareja y sus hijos, a la espera de una llamada que le permitiera acceder a una vivienda pública para la que lleva 8 años en lista de espera.
“El hacinamiento tensa mucho las relaciones familiares”, explica Violeta, también activista de la Asamblea de Vivien
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