64 familias amenazadas de desahucio en Alcobendas
 16 Mar 2015 Juan Zarza 
Madrid, 16 de marzo de 2015. 64 familias, residentes en la calle Largo Caballero de Alcobendas, reclaman desde hace meses una solución habitacional al Ayuntamiento de la localidad. Construido en suelo público cedido por el Consistorio, el complejo de viviendas estaba concevido, según explica Carlos Somavilla, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes, "para ofrecer alquileres sociales". Sin embargo, el edificio, según las vecinas con las que DISO Press ha podido hablar, llevaba vacío más de 5 años. La empresa propietaria, Vivienda 2000, se declaró en concurso de acreedores en septiembre de 2013 y la única solución que ha ofrecido por el momento son alquileres -a algunas de las familias- por 700 euros al mes.    De las 64 familias que residen actualmente en los edificios, 35 lograron paralizar la primera ejecución de desahucio ordenada contra ellos, el 19 de mayo de 2014. Los demás llegaron después. Los primeros habían conseguido las llaves a cambio de entre 800 y 1500 euros, lo correspondiente a una supuesta primera mensualidad y al importe de la fianza del alquiler. "Se suponía que dos semanas después vendrían con el contrato del alquiler, pero nunca volvieron", dice Janeth, una de las vecinas a las que más urge una solución pues, junto con otras 8 familias, ha recibido una orden de desalojo con un plazo de 48 horas que vence hoy. Otras dos tienen como fecha límite el 25 de marzo. El resto vive con el miedo de que llegue la notificación del juzgado, a pesar de que han conseguido empadronarse en las casas.    Piden a Ignacio García de Vinuesa, alcalde de la localidad -imputado por delitos de prevaricación, malversación de fondos y negociaciones prohibidas a los funcionarios-, bien la cesión de uso del edificio, bien un alquiler social en éste o en otro. Han acampado a las puertas del Consistorio, han realizado escraches en las fiestas de Alcobendas, y han intentado llevar la solicitud al Pleno municipal. "[El alcalde] nos prometió una solución el año pasado, así que fuimos al Pleno, pero se levantó y se fue", relata Janeth. "No queremos ocupar, queremos pagar un alquiler razonable, acorde a nuestros ingresos, pero no nos dan la oportunidad", dice Yasmina, que se queja de que sólo a unos metros hay viviendas públicas "con alquileres por 150 euros".

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