La campaña por el cierre de los CIE critica el 'Reglamento de la vergüenza' aprobado por el PP
17 Mar 2014
Adolfo Luján
Madrid 18 de marzo 2014. La Campaña estatal por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ha convocado esta mañana dos ruedas de prensa simultáneas en Madrid y Barcelona dentro de las acciones previstas tras la aprobación del Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros del pasado 14 de Marzo, definido por esta plataforma como el "Reglamento de la vergüenza” y que entró en vigor el 15 de marzo tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Este Real Decreto supone la primera regulación legal desde que la Ley de Extranjería de 1985 introdujera la medida de internamiento como “medida cautelar excepcional para personas que no se encontraban en situación regular y estuvieran sometidas a procesos de exclusión”. La plataforma afirma que “no acepta este Reglamento”, según denuncia, ya que esta nueva medida legal no aporta ninguna mejora de los derechos básicos de las personas internadas. Es más, supone un importante retroceso en cuanto a las resoluciones de los Juzgados de Control, consolida el ya existente modelo de gestión policial y permite la privatización de la gestión de servicios por parte de algunas ONG.
En la rueda de prensa de Madrid, celebrada en la librería Traficantes de Sueños, las integrantes de la campaña Irene Ruano y Esperanza de Pineda, junto al abogado Eduardo Gómez, han expuesto las razones por las que muestran su rechazo a “un reglamento que responde más a un intento de legitimar y consolidar la existencia de los Centros de Internamiento para Extranjeros que a una voluntad real de garantizar los derechos de las personas internas”.
Según denuncia la plataforma, este reglamento ha sido utilizado “como maniobra de distracción y operación de maquillaje del Gobierno” desde que tras la muerte de Samba Martine en el CIE de Aluche (diciembre de 2011) se anunciara su aprobación inminente. Desde entonces se han producido varias muertes, la última en 2013 en el CIE de Zona Franca, y otras muchas agresiones denunciadas en varias ciudades españolas como Madrid, Barcelona o Valencia. La conclusión a la que llegan es que “este reglamento no modifica la esencia de los centro de internamiento, simplemente los sigue definiendo como establecimientos no penitenciarios destinados a la custodia preventiva o cautelar, para garantizar la expulsión de inmigrantes en situación irregular o para la deportación de extranjeros”, a la vez que “mantiene al Cuerpo Nacional de Policía como supuesto garante de los derechos de las personas y deja en manos de la dirección de los CIE y a las normas internas de cada centro un sinfín de cuestiones que afectan directamente a los derechos y libertades de las personas, consolidando así el modelo de gestión policial, la opacidad, la arbitrariedad y el abuso y la impunidad que los diferentes colectivos sociales vienen denunciando, y que de ninguna manera va a cambiar la naturaleza de los CIE”.
La presencia de ONG en los CIE, que se regula en el Reglamento y se vende como una garantía, “no acaba con la arbitrariedad de la persecución y el internamiento, no termina con la posibilidad de la expulsión de las personas, ni garantiza tampoco la posibilidad de que no se produzcan más muertes”. Por ejemplo, en Madrid, la concesión a Cruz Roja como adjudicataria del servicio mediante un convenio de 400.000 euros no evitó la muerte de Samba Martine en 2011 porque no existe un traspaso efectivo de información entre los centros (que el nuevo reglamento tampoco regula y que fue una de las causas de la muerte de esta persona), lo que da pie a que una situación similar se pueda volver a repetir.
La consecuencia de este modelo de subcontratación, tanto con esta organización como con otras similares, es que “a cambio de su silencio, recibirían cientos de miles de euros en forma de convenios y contratos para supuestamente dar asistencia sanitaria, jurídica, etcétera”. Desde la Plataforma aseguran que “una org
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