Activistas se encadenan a la valla de Melilla contra la vulneración de Derechos Humanos
 06 Jul. 2014 Bárbara Boyero 
Melilla, 7 de julio de 2014. Un grupo de activistas se encadenó el pasado sábado a la valla de Melilla para “visibilizar la grave situación de vulneración de Derechos Humanos que se está produciendo en dicha frontera”, tal como indicaron mediante un comunicado. La acción tuvo lugar durante la celebración del II Encuentro Derechos Humanos y Frontera Sur que se ha celebrado en la ciudad autónoma del 3 al 6 de julio.   Apoyados por un grupo de simpatizantes, en torno a las 18 horas cuatro activistas, integrantes de deferentes colectivos y ONG participantes en el Encuentro y en la Campaña Estatal por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), se encadenaron a la valla y desplegaron una pancarta en las que se podía leer “Aquí se violan Derechos Humanos, ¿hasta cuándo?”.   Los protagonistas de la acción denuncian que en el lado marroquí las fuerzas de seguridad aplican “métodos de tortura y malos tratos” a las personas migrantes que tratan de saltar la valla, tal como se puede ver en un vídeo publicado el pasado 18 de junio. Según las organizaciones locales dedicadas a la protección de los Derechos Humanos, estas situaciones no son excepcionales. Además, aseguran que desde hace meses se ha recrudecido la violencia policial tanto en el lado español como el marroquí.   Además, Patricia Orejudo, de la Campaña por el cierre de los CIE, denunciaba frente a la valla: “Nos hemos encadenado para exigirle al Gobierno Español que detenga inmediatamente las llamadas devoluciones en caliente, que en realidad son devoluciones ilegales”. También exigía “el cumplimiento de la legalidad” y apelaba, en nombre de las ONG y colectivos participantes a “un cambio en las políticas migratorias en el Estado Español y en el resto de la Unión Europea.   Desde los colectivos que apoyan la acción recuerdan que un grupo de profesores universitarios ha publicado esta semana el informe ‘Expulsiones en caliente: Cuando el Estado actúa al margen de la ley’ en el que denuncian la ilegalidad de dicha práctica policial. Asimismo, estos afirman que “la decisión, ejecución y colaboración activa y pasiva con las expulsiones en caliente incurriría en responsabilidad penal y disciplinaria”.   Las organizaciones en defensa de los derechos humanos han indicado además que con esta acción se pretender realizar un llamado a las organizaciones sociales y al conjunto de la sociedad para obligar al Gobierno a que cumpla con la legalidad. También quieren “generar una reflexión acerca de las injusticias que se derivan de las actuales políticas de control migratorio en el Estado Español y en Europa”.

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