La Campaña por el cierre de los CIE lleva su protesta ante los mostradores de Air Europa en Barajas
12 Jun 2014
Dani Gago
Madrid, 13 de junio de 2014. Activistas de la Campaña por el cierre de los Centros e Internamiento de Extranjeros (CIE) han protagonizado a mediodía de hoy una acción de portesta, enmarcada en la semana de lucha por el cierre de este tipo de centros que culminará el próximo 15 de junio, frente a los mostradores que la compañía Air Europa tiene en el Aeropuerto de Barajas. La iniciativa buscaba señalar a la compañía aérea, integrada en el Grupo Globalia, como colaboradora del Gobierno al fletar lo que desde los colectivos que forman la campaña llaman "vuelos de la vergüenza", vuelos cargados de migrantes en situación administrativa irregular que son deportados a sus supuestos países de origen. Se da la circunstancia de que ayer, 12 de junio, uno de estos traslados llevó contra su voluntad a Nigeria y a Mali a al menos una quincena de personas.
Una decena de activistas se han presentado a las 16.30 horas en la Terminal 2 del Aeropuerto de Barajas ataviados con megáfonos, octavillas, pancartas y retratos de las personas fallecidas en los diferentes CIE repartidos por el Estado Español en los últimos años. Una vez frente a los mostradores adjudicados a Air Europa, han comenzado a repartir octavillas a los pasajeros que iban a embarcar con dicha aerolínea, en los que se explicaban las actividades de la empresa en lo referente a los vuelos de deportación. Además, han desplegado una pancarta con la inscripción "Stop deportaciones"; han colocado en columnas, paredes y suelo fotografías de los fallecidos en los CIE, y han leído un manifiesto contra los "vuelos de la vegüenza". La acción se ha saldado sin incidentes, salvo la identficación de uno de los activistas por parte de efectivos de la Policía Nacional.
Desde la Campaña por el cierre de los CIE denuncian que la aerolínea, junto con Swift Air, ejecuta los vuelos de deportación "gracias a un contrato firmado con el Estado Español de 11.880.000 pagados con dinero público". Para estos colectivos, estas prácticas "se convierten en el último punto de un macabro mecanismo", proceso en el que incluyen redadas e identificaciones policiales "racistas, ilegales e legítimas" en el espacio público y su posterior traslado a uno de los CIE, instalaciones que califican de "cárceles racistas en las que se encierra a las personas hasta 60 días para su posterior expulsión, 60 días en los que no se ven garantizados sus derechos como personas".
Asimismo, los colectivos y ONG integrantes de la Campaña apuntan que estas deportaciones "están amparadas por un Protocolo de repatriaciones de la Policía Nacional que legaliza el maltrato y la tortura", afirmando que "no son poco comunes las palizas, las vejaciones, los insultos o los malos tratos" y resaltando que "las personas viajan embridadas, atadas, amordazadas e incluso sedadas", llegando incluso algunas de ellas a fallecer en el trayecto, tal como aseguran.
Por todo ello los activistas exigen el fin de este tipo de vuelos y denuncian que son ilegales, ya que según el artículo 7 del Estatuto de Roma el desplazamiento forzado supone un crimen de lesa humanidad. También recuerdan que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos prohíben las expulsiones colectivas y que a menudo "se deporta a personas a países en guerra o conflicto, personas que podrían ser solicitantes de asilo o posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual".
La semana de lucha por el cierre de los CIE continuará en los próximos días con diversas actividades en diferentes ciudades, desde paellas populares a escraches, pasando por presentaciones de libros, murales y acciones sorpresa.
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