Adenex y Ecologistas en Acción exigen a la Junta de Extremadura restituir los terrenos de la Isla de Valdecañas
07 May 2014
Eliezer Sanchez
Madrid, 8 de mayo de 2014. Adenex (Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura) y Ecologistas en Acción han exigido esta mañana a la Junta de Extremadura que restituya los terrenos de la Isla de Valdecañas a su estado anterior a las obras de construcción del complejo turístico de lujo Marina Isla de Valdecañas, sito en la provincia de Cáceres. Además de la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en contra del Ejecutivo extremeño, ambas organizaciones ecologistas han pedido esta mañana en una rueda de prensa llevada a cabo por los abogados María Ángeles López (Adenex) y José María Trillo (Ecologistas en Acción) “la asunción de responsabilidades políticas por parte de los responsables”.
El complejo vulneraba desde el principio, tanto para Ecologistas en Acción como para Adenex, la legislación ambiental y urbanística, por lo que las dos entidades denunciaron los hechos ante el TSJEx. Previamente, en abril de 2007, el Parlamento de Extremadura había aprobado como Proyecto de Interés Regional (PIR) la Marina, lo que implicó la recalificación de los terrenos.
Tras cuatro años de procedimiento, en marzo de 2011 el TSJEx dio la razón a los ecologistas declarando la nulidad del proyecto y la obligación de restituir los terrenos a su estado anterior. Sin embargo, apenas tres semanas después, el Parlamento autonómico modificaba la Ley del Suelo Extremeña, lo que permitía “la urbanización de los espacios integrados en la Red Natura 2000, entre ellos, la Isla de Valdecañas”, indican desde Ecologistas en Acción. Dicha sentencia fue recurrida ante el Supremo por la Junta, los ayuntamientos de la zona y la promotora, fallando en 2014 el Tribunal a favor de los ecologistas y ratificando la nulidad del PIR.
Ya en 2011 el TSJEx acordó ejecutar provisionalmente la sentencia mientras fallaba el Supremo, pero exigiendo a Ecologistas en Acción una fianza para la paralización de las obras de 41 millones de euros, “algo absolutamente fuera del alcance de una organización sin ánimo de lucro”, indican desde la misma. Asimismo, recuerdan además que “la mayor parte de las construcciones se realizaron después de este momento”.
Desde Ecologistas en Acción denuncian: “En lugar de cumplir la sentencia, la Junta de Extremadura alega ahora una imposibilidad legal, apoyándose en las modificaciones normativas realizadas a la carta para tratar de ‘homologar’ el proyecto. Pero también aduce una imposibilidad material, argumentando que los gastos económicos y los impactos ambientales serían mayores si se demuele lo construido que manteniendo el proyecto. Incluso llega a sostener que el espacio está mejor conservado desde que ha sido urbanizado”.
Por todo ello, las dos organizaciones demandantes han querido afirmar que “una vez más se ha tratado de aplicar la política de hechos consumados para legalizar un proyecto que era claramente ilegal desde su inicio” y que las sentencias judiciales “dejan claro que las administraciones públicas implicadas, lejos de defender el interés general, la legalidad urbanística y proteger el medio ambiente, han actuado amparando el interés particular del promotor urbanístico”.
Asimismo, los dos colectivos se quejan de la imposibilidad para lograr medidas cautelares en los procedimientos judiciales frente a proyectos urbanísticos como el de la Isla de Valdecañas, recordando que “una paralización cautelar habría evitado la mayor parte de los impactos y gastos a los que ahora habrá que hacer frente”. Asimismo, para ambas organizaciones ecologistas “las alternativas para Extremadura no pueden pasar por la destrucción de unos de sus principales valores: su paisaje y sus ecosistemas”. “Se trata de un desarrollo falso y cortoplacista”, apuntan, “como bien demuestra cada día la actual crisis, que proviene precisamente de la burbuja urbanística”.
Tanto López como Trillo han anunciado que l
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