Afectados por la privatización de la vivienda pública se querellan contra el IVIMA
 04 Jul. 2014 Dani Gago 
Madrid, 5 de julio de 2014. Los Afectados por la Venta de la Vivienda del Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) han constituido la asociación IVVA para, según han anunciado esta mañana, personarse como acusación popular en la querella interpuesta por el PSOE madrileño contra la directora gerente del IVIMA, Eva Gomendio, por los delitos de “malversación de caudales públicos y prevaricación continuada”. Según ha comunicado la asociación, "la Comunidad de Madrid vendió el pasado verano cerca de 3.000 viviendas del IVIMA al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora -a través de la empresa En Casa Cibeles- por 201 millones de euros", un precio que, aseguran desde la asociación, es “bastante menor de lo que nos costó construirlas a los contribuyentes madrileños y está muy por debajo también de lo que estos fondos privados pretenden obtener al venderlas”.   Enrique Villalobos, portavoz de la IVVA, ha declarado que la intención de la misma es “darle una vuelta de tuerca a la querella y tener mayor control sobre las misma”. El objetivo es, ha dicho, “vehicular los intereses del colectivo” y evitar las prácticas “contrarias a nuestros derechos”. El abogado que representará estos intereses será José Ramón Antón, que ha asegurado esta mañana que se han dado “claras irregularidades legales”, entre las que ha querido destacar la “vulneración del derecho de tanteo y retracto”, que permitiría a los inquilinos en régimen de alquiler con opción a compra adquirir las viviendas al precio de construcción. “Vender 3.000 viviendas públicas a un fondo buitre es una actuación manifiestamente injusta”, ha dicho el abogado, que ha pedido a los presentes que tengan en consideración que el que tienen entre manos es “un problema jurídico pero fundamentalmente político que responde a un plan que está siendo ejecutado”, por lo que les ha instado a establecer contactos con los grupos políticos de la oposición de cara a un posible futuro cambio en el gobierno municipal.   Antón ha informado hoy, en la que era la primera asamblea de la IVVA, de que el objetivo de la asociación es “tratar de anular la adjudicación y paralizar la totalidad de los desahucios”, a través de este procedimiento legal. Ha añadido además que, aunque “no se vaya a trabajar en los procedimientos específicos de cada vecino”, labor de la asociación será también informar a todos sus miembros del devenir del procedimiento judicial.   Por su parte, José Luis de Roa, miembro de la Junta Directiva de la IVVA ha pedido a los asistentes la rápida información, a la asociación, de las notificaciones de ejecución hipotecaria, con el objetivo de “tener tiempo para reaccionar y paralizar los desahucios, al menos con carácter temporal, hasta lograr una solución definitiva”. Todos los casos de lanzamiento que les han llegado -unos 20- “han sido paralizados”, ha asegurado.   La importancia de la Junta Administradora   Desde la recientemente creada Asociación han insistido en la importancia de no disolver, en ningún caso, la Junta Administradora que cada comunidad de vecinos estuvo obligada a constituir en su momento. Según Yolanda Robledo, una de las afectadas, En Casa Cibeles les está presionando “para que nos rindamos y aceptemos disolvernos para que ellos creen una junta de propietarios”. El cambio para los inquilinos viene dado por el hecho de que esa junta de propietarios podría, en su caso, subir las cuotas del alquiler o de la comunidad, e incluso decidir qué derramas son necesarias. Según Robledo, “los pisos vacíos son propiedad de En Casa Cibeles, pero no están pagando las cuotas que les corresponden ni por esos pisos ni por los de los vecinos morosos, que también son responsabilidad suya”. Por ello, explica “estamos en números rojos y a punto de que nos corten el suministro de agua caliente por segunda vez”.   “Dicen que no nos van a echar pero si nos suben el precio del alquiler de 800 a 1000 euros, nos están echando, porque no lo podemos pagar”, dice Khadija

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