Futuro incierto para cientos de apátridas residentes en República Dominicana
21 Jun 2015
Luz Sosa
Santo Domingo / Malpasse, 22 de junio de 2015. Cientos de personas hacían fila el pasado jueves frente al Ministerio de Interior y Policía de Santo Domingo (República Dominicana) para acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. A medianoche finalizaba el plazo de 18 meses establecido por el gobierno dominicano para que los extranjeros indocumentados se inscribieran en dicho plan, ordenado por la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional (TC) y que establece la repatriación a su país de origen de quienes no se hubieran registrado a fecha de 17 de junio de 2014.
Esta medida afecta mayoritariamente a personas de nacionalidad haitiana, que protestaban la semana pasada en la capital dominicana por "las dificultades que ha supuesto acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros", según denunciaba el colectivo de trabajadores de la caña.
El Plan ha permitido regularizar su situación a 275.000 personas, según cifras del Ministerio, pero habría dejado fuera a unos 200.000 de los 458.000 haitianos que residen en el país, muchos de ellos descendientes de haitianos pero nacidos en República Dominicana que perdieron la nacionalidad el año pasado tras la aprobación de la polémica sentencia del TC.
Cientos de afectados se alojan ahora en el antiguo Colegio Comunitario de Fond Ballard, en las afueras de la ciudad fronteriza de Malpasse (Haiti), donde se han establecido muchas de las familias repatriadas que la Guardia de Migración dominicana ha dejando en la Frontera de Jimaní-Malpasse y no tienen adónde ir.
Es el caso de Mileni Moneme y su hijo Yelenson, de 2 meses y medio y nacido en la República Dominicana, que decidió entregarse a los agentes de migración el mismo día 17 para ser deportados y no sufrir represalias. Fue después de recibir amenazas por parte de sus vecinos de Los Ríos de Neyba (Repúblicaba Dominicana) en la víspera a la finalización del plazo para acogerse al Plan de Regularización. Lo mismo le sucedió a Andre Josef, haitiano de 53 años pero residente desde los 13 en Los Ríos de Neyba.
A ellos se suman diariamente nuevos repatriados que son detenidos por la Guardia de Migración o deciden entregarse de forma voluntaria ante las amenazas recibidas por parte de la sociedad civil dominicana.
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