La izquierda parlamentaria analiza los recortes sanitarios en una jornada en el Congreso
10 Oct 2013
Juan Zarza
Madrid, 10 de octubre de 2013. Esta mañana ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados una jornada parlamentaria bajo el título 'Un año de recortes sanitarios: un año de desigualdad', organizada por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y apoyada por los partidos PSOE , IU, ICV, EUA Y CHA. En el encuentro, que ha tenido lugar en la Sala Clara Campoamor del Congreso, diversas organizaciones han sido invitadas a exponer su criterio sobre dicha materia y a analizar las medidas que está llevando a cabo el PP en esta área. Trinidad Jiménez, secretaria de Política Social del PSOE, ha inaugurado el acto, en el que cada ponente ha hecho una dura crítica a las políticas de austeridad ejecutadas por el Gobierno en materia de sanidad, las cuales afectarán, según fuentes del propio Ejecutivo, a cerca de 800.000 personas.
Inés Díez de Frutos, de Red Acoge, mostraba su preocupación por los grupos de mayor vulnerabilidad ante la nueva situación: menores de edad que carecen de documentación o mujeres inmigrantes indocumentadas víctimas de violencia de género, que en numerosas ocasiones ya no se atreven a denunciar su situación puesto que los organismos encargados de tramitar estos casos son los mismos que ahora les cierran las puertas. “En muchos casos tenemos constancia de que se informa a la persona inmigrante de que se le va a facturar el servicio prestado, por lo que normalmente estas personas desisten de solicitar dicha asistencia”, explicó. Díez de Frutos apostillaba: “No sabemos dónde enviar a estas personas”.
Por su parte, Daniel La Parra Casado, miembro del instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz de la Universidad de Alicante, sintetizaba la problemática derivada de la aplicación del Real Decreto Ley 16/2012 en tres grandes bloques: la exclusión a través de la negación de la tarjeta sanitaria, la cual está incrementando aún más la desigualdad entre los indocumentados y las personas que conservan el derecho a la asistencia; la barrera que está suponiendo el copago en una sociedad que ve mermadas sus posibilidades económicas, lo que produce una dificultad en el seguimiento necesario para el control de enfermedades, y el drástico empobrecimiento del servicio a causa de la reducción de personal y de las jornadas laborales.
“Se está privatizando el núcleo duro de la sanidad pública”, sentenciaba Manuel Martín García, presidente de la FADSP (Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad pública). García denunciaba también que el Ministerio de Sanidad está cediendo al sector privado las partes más rentables del sistema público, como el área oncológica, siguiendo un criterio que responde exclusivamente a una lógica de rentabilidad. Además, comparó a los hospitales privatizados en la Comunidad de Madrid con las aerolíneas 'low cost', refiriéndose a sus métodos para abaratar costes. También mostraba su preocupación por el hecho de que se están concediendo a las empresas las funciones de planificación, contratación y previsiones, lo que significa que serán los mismos agentes que venden material y aparatos sanitarios quienes decidirán qué cantidades de estos productos se deben comprar para prestar el servicio.
El secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sanitarios de CCOO, Antonio Cabrera González, advertía durante su intervención que "no habrá dinero público para indemnizar a las empresas a las que se están haciendo concesiones en caso de que otro gobierno quiera devolver los hospitales a lo público", ya que las concesiones que está realizando el Gobierno son por largos períodos de tiempo, “no uno, ni dos años”, y las indemnizaciones que habría que realizar para rescindir los contratos serían demasiado altas.
Por su parte, Carmen López Ruiz, secretaria de Política Social de UGT, denunciaba que el número de pacientes en listas de espera ha pasado de 381.000 a 537.000 entre 2010 y 2012 y advirtió: “Aunque digan que no han cerrado hospitales, sí q
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