Visto para sentencia el juicio a activistas por los sucesos del desahucio en Unanimidad 35
 12 Oct. 2014 Álvaro Minguito 
Madrid, 13 de octubre de 2014. Hoy se ha celebrado el juicio por los sucesos acaecidos durante la ejecución del desahucio de la vivienda de la calle Unanimidad 35, el 23 de julio de 2013, cuando decenas de activistas trataban de evitar el tercer intento de desalojo de Susana, Ángel y sus dos hijos menores. Más de un centenar de personas se ha dado cita esta mañana a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla, en apoyo a los 12 detenidos durante la intervención policial. Tres de los activistas denunciados eran a su vez denunciantes, tras presentar los correspondientes parte de lesiones. Así, en el juicio, que se ha celebrado entre las 10 y las 17:15 horas, han declarado 31 agentes de la Unidad de Intervención Policial, que participaron en la operación, y 11 activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Acusados de delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad, los activistas han declarado que el día de los hechos no llevaban el DNI consigo “para evitar sanciones imposibles”, pero que accedieron a ser trasladados a comisaría para su identificación. Según los agentes de la UIP, los activistas “se negaron a identificarse alegando que no nos reconocían como autoridad”. Razón que esgrimen para la detención de los miembros de la PAH.    Los activistas han denunciado actitudes violentas, agresividad, insultos y comentarios racistas y machistas por parte de los agentes. Uno de ellos, Jorge Aranda, ha declarado haber “llamado la atención a algunos miembros de la UIP, por comentarios como “puta gitana de mierda”, referidos hacia la mujer de la familia desahuciada. Aranda ha declarado ante la jueza que el SUMA, que le atendió tras los sucesos, “se asustó del enrojecimiento de mi cuello”, provocado, según sus declaraciones, por la presión de los agentes, a los que acusa también de haberle “presionado las sienes con los nudillos y otros objetos”. Aranda no presentó denuncia porque no pudo “ver el número de identificación”.   El jefe del dispositivo policial, por su parte, ha asegurado que, al ver a “unas 25 personas” bloqueando la escalera de entrada a la casa, les anunció “amablemente que debía cumplir con la orden judicial de desalojo” y que les pidió por favor le dejaran acceder, “ya que lo íbamos a hacer sí o sí”.  Según el agente, tanto él como sus subordinados utilizaron la “mínima fuerza imprescindible”, y desalojaron a los activistas “con técnicas de relajación muscular, apretando en los puntos de presión que hay en el organismo para relajar los músculos”. El ministerio fiscal ha pedido para los activistas una multa de 10 días, a razón de 2€ diarios, y la absolución de los agentes. El desahucio, solicitado por la Empresa Municipal de la Vivienda, fue ejecutado sin resistencia ya que, “ante el nivel de violencia y tensión que se estaba viviendo”, Susana, la afectada, pidió a los activistas que dejaran de intentar evitarlo”, según ha declarado una de las denunciadas.

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