Un tercio de los exhumados del penal de Valdenoceda han sido ya entregados a sus familias
 18 Abr. 2015 Álvaro Minguito 
. El jienense Pedro Muñoz Pulido nunca conoció a su hijo José. Su esposa aún no había dado a luz cuando le detuvieron. Pero sí llegó a enviar una carta desde la provincia de Burgos preguntando por él. Esa fue la pista que hizo que su nieto, Emilio Muñoz, contactara con la Asociación de Familias de Valdenoceda después de escuchar en la radio que se habían encontrado cuerpos de asesinados entre el 38 y el 43 por aquella zona. Las pruebas de ADN a las que se sometió José confirmaron, en enero del presente año, que su padre yacía en la segunda fila del cementerio de presos de Valdenoceda, desde el 21 de marzo de 1941. Sus restos serán enterrados ahora junto a los de su mujer, en el cementerio de Salar, en Granada.   Es uno de los 154 represaliados por el franquismo que murieron de hambre, enfermedad y frío en esta cárcel, antigua fábrica de seda convertida en penal durante la Guerra Civil. Hasta aquí llegaron presos de Murcia, Andalucía, Extremadura o la provincia de Ciudad Real, acusados del mismo delito: auxilio a la rebelión. “La estrategia de dispersión geográfica era una forma de castigar a la víctima y a la familia en un contexto en el que la supervivencia era muy complicada si no se contaba con un apoyo externo cercano”, explica Jimi Jiménez, especialista en arqueología forense y miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Junto a Luis Ríos, biólogo del departamento de antropología física de la misma Sociedad, se ha encargado de la parte técnica de la exhumación e identificación de los cuerpos de quienes murieron en la prisión, desde la primavera de 2007. Lo han hecho de la mano de la Asociación de Familias de Valdenoceda y con el apoyo del alcalde de la localidad, Ángel Arce.   Este año se han entregado un total de 11 restos. Con ellos, son ya 55 las familias de represaliados en Valdenoceda que, en palabras de Manuel Sempere, de la Asociación de Familiares de Represaliados del penal, “comienzan a cerrar una herida que lleva abierta 70 años”.     Autogestión, falta de financiación y de respaldo institucional   En la primavera de 2007 se iniciaron las excavaciones y la exhumación de los restos, gracias a una subvención de 60.000 euros concedida por el Ministerio de Presidencia. “Era un caso atípico, por el volumen de cuerpos, entre otras cosas, y hasta entonces era impensable llevar a cabo este trabajo”, explica Jimi Jiménez.   En aquellos primeros meses se encontraron 116 esqueletos. Aún hay 38 cuerpos que no se han podido exhumar por falta de acceso, ya que sobre ellos se ha enterrado a fallecidos recientes. En 2010 el Ministerio de Presidencia concedió una nueva subvención para exhumarlos, pero se requería el permiso de los familiares de los fallecidos recientes para trasladar sus cuerpos, y la asociación se retrasó en los plazos, por lo que no sólo se vieron obligados a devolver el dinero recibido, sino que tuvieron que abonar 4.000 euros extra en concepto de intereses.   Tras el homenaje a los represaliados y la entrega de los restos, Luis Ríos acostumbra a repartir a cada familia una copia de toda la documentación recabada durante la investigación, una explicación detallada del proceso de identificación y la autorización del traslado de los restos, firmada por el antropólogo forense Francisco Etxeberria, en el que se acredita “la ausencia de riesgo sanitario alguno de los restos esqueléticos”.   Ninguno cobra por este trabajo.   En opinión de Ríos, si el Estado hubiera proporcionado un respaldo institucional, “en vez de simplemente dar subvenciones a las familias y desentenderse del proceso”, desde 2007, que fue cuando se aprobó la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, “ya se habría terminado toda la labor de exhumación e identificación que se puede hacer en España”. La falta de un equipo de trabajo que pueda encargarse en exclusiva de la organización y la gestión del proceso, amparado por una orden judicial, hace que sean las propias familias las que se tengan qu

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