Un informe constata que la exclusión sanitaria en España es sistemática
29 Sep 2014
Juan Zarza
Madrid, 30 de septiembre de 2014. Yo Sí Sanidad Universal y la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (SoMaMFyC) han registrado 319 casos de exclusión sanitaria entre diciembre de 2013 y julio de 2014. Son los datos que se desprenden del informe Registro Estatal para la Denuncia de la Exclusión Sanitaria (REDES), que se han presentado hoy, y con los que las dos organizaciones afirman que “queda constatada la pérdida de universalidad del sistema sanitario” como consecuencia de la aplicación del Real Decreto-Ley 16/2012. Sin embargo, para los autores del informe lo significativo no es el volumen del caso, “una gota en el océano de exclusión que vivimos”, apunta Pablo Meseguer, de Yo Sí Sanidad Universal, sino las situaciones que documenta.
Una paradoja que resalta Meseguer es que el 47% de los casos de exclusión se ha producido en situaciones en las que, según el propio RDL, la atención debería estar garantizada, algo que achaca a que por parte de las administraciones sanitarias no se ha transmitido una información correcta a los centros sanitarios y a que los centros ponen más trabas de las que el propio ordenamiento permite. En concreto, se refiere a los casos de atención a mujeres embarazadas y menores, a la obtenida en urgencias, y a los casos que habían sido incluidos en las excepcionalidades que definió la Comunidad de Madrid (protección internacional, víctimas de trata, enfermedades de declaración obligatoria o mentales graves y pacientes diagnosticados antes del 31 de agosto de 2012).
Además, el informe destaca que el 3,1% de los registros corresponde a personas con tarjeta sanitaria en vigor, “consecuencia de los obstáculos administrativos que se han puesto en marcha para su renovación o de las barreras económicas que estas personas están encontrando en el acceso a la medicación como consecuencia del repago farmacéutico o su instauración entre las y los pensionistas”. Asimismo, un 7,8% se refiere a personas con permiso de residencia a las que también se les ha negado el derecho a la atención, como “es el caso de ascendientes que obtuvieron su permiso por reagrupamiento familiar tras el 24 de abril de 2012, a quienes ni tan siquiera se les mantiene el derecho a la atención en urgencias”, apunta el texto.
Miedo a ser atendido
Meseguer apunta como especialmente significativo el hecho de que el principal problema es “el miedo a no ser atendido”. Esto se produce porque “se está denegando sistemáticamente la atención en urgencias (que está amparada por el RDL)” y a que “en muchas ocasiones, cuando se atiende a estas personas, se hace con la condición de la firma de un compromiso de pago o con la emisión directa de una factura”, explica el informe. Así, tal como relata Meseguer, “como las urgencias están cobrando, esto se ha extendido entre la población excluida”, relata Meseguer.
Por su parte, José Luis Quintana, vicepresidente de la SoMaMFyC, apunta que “se ha roto una cosa muy importante: la línea del proceso asistencial”. Además, resalta que muchas veces se confunde la gravedad con la urgencia: “Pensamos que los pacientes graves se pueden solucionar en las urgencias y esto no siempre es así”. También ha recordado que debido a esto “ha habido incluso fallecimientos” y que “la salud de todos repercute en la globalidad de la población”.
Los datos recopilados por las dos organizaciones revelan información coherente con otros registros que se están haciendo a nivel estatal, en concreto en la Comunitat Valenciana, Cantabria y Catalunya. El 85% de la información proviene de la Comunidad de Madrid –dato que se explica por la mayor presencia de grupos de acompañamiento de Yo Sí Sanidad Universal en la región– mientras que un 7% de los registros se refiere a la Comunitat Valenciana. Además de en estas dos autonomías hay registros de otras nueve comunidades.
La parte positiva del informe REDES que resaltan desde Yo Sí Sanidad Universal y la SoMaMFyC es que en cerca d
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