La abogacía madrileña celebra una mesa redonda contra la tortura en el día internacional de apoyo a sus víctimas
25 Jun 2014
Álvaro Minguito
Madrid, 26 de junio de 2014. La Sección de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha celebrado hoy, Día Internacional de Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la mesa redonda "La abogacía frente a la tortura". El objetivo de esta jornada es, según la ICAM, "reafirmar el compromiso de la abogacía contra este grave crimen, en especial por la impunidad que en demasiadas ocasiones lo ampara".
Paloma Soria Montáñez, representante de la Sección de Derechos Humanos del ICAM y encargada de moderar la mesa de hoy, destacado en su presentación la presencia de la tortura en nuestras sociedades, a pesar del "sistema universal de Derechos Humanos y de otros tratados regionales que prohíben este tipo de prácticas". Es importante también, según Soria, "tener en cuenta la sexualización de la tortura".
En este ámbito incidía también Virginia Álvarez Salinas, responsable de política interna y Derechos Humanos de Amnistía Internacional (AI), que ha recordado que, según el Informe sobre detenciones y malos tratos de AI, "en el último año, se han detectado casos de mujeres que han sufrido vejaciones y malos tratos simplemente por el hecho de ser mujeres". álvarez Salinas ha aseverado asimismo que la tortura "jamás está justificada, es ilegal, salvaje e inhumana". Además, ha explicado que "podemos hablar de tortura cuando hablamos de la pemisividad de prácticas degradantes por parte del Estado" en ámbitos de carácter civil.
La tortura, ha dicho, existe en países en los que no existen salvaguardas dentro del sistema policial penal. En este sentido, y en referencia a la situación en España, Salinas ha expuesto varias carencias que, a ojos de Amnistía, dificultan la lucha contra este tipo de prácticas. Entre ellas estarían el hecho de que no haya "un marco normativo adecuado, la existencia del régimen de incomunicación". Las extradiciones de presos "a terceros países, a sabiendas del riesgo de torturas", es un comportamiento existente en nuestro país, lo que significa, según ha expuesto, "que España está violando el artículo 3 del Convenio Europeo de DDHH", según el cual 'nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes".
La representante de Amnistía ha denunciado también "la falta de investigaciones adecuadas cuando se producen casos de tortura, lo que lleva a una impunidad efectiva por parte de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", así como la "poca fiabilidad de los exámenes médicos a los detenidos", ya que, asegura, "los reconocimientos se hacen en presencia de los agentes, sin dar libertad al detenido de explicar [a los sanitarios] el origen de las lesiones". Ha señalado como problemas también "la presunción de veracidad de los agentes y la contradenuncia automática por su parte". Jorge del Cura Antón, miembro de la Coalición para la Prevención y la Denuncia de la Tortura ha insistido en la importancia de este último punto, ya que de la declaración se pueden deducir "revisiones del grado o traslados de centro, en el caso de los presos".
Del Cura, por su parte, ha denunciado también que existen una serie de medidas -como las anteriormente expuestas- "encaminadas a erradicar la tortura, que el Estado español no está llevando a cabo". En este sentido, ha dicho, "es muy importante el papel de los abogados". El abogado penalista Antonio Segura Hernández se ha mostrado de acuerdo con sus compañeros y ha insistido en la "dificultad de interponer una denuncia" y ha hecho un llamamiento a los presentes, en su mayoría profesionales del derecho: "tenemos que ser muy escrupulosos con este tema, porque, si bien no estamos en el peor momento, tampoco es éste el mejor". "Nuestro sistema penal no tiene mecanismos para controlar los desmanes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha recalcado.
Por su parte, Andrés Jiménez Rodríguez, que ha asistido en calidad de representante del Defensor del Pueblo, ha señalado el hecho de
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