El juez anula la sanción impuesta a un miembro de las Brigadas Vecinales de Observación de DDHH

23 Oct 2013 Zakiah Iraultza

Madrid, 24 de octubre de 2013. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº26 de Madrid ha declarado nula la sanción que Delegación del Gobierno de Madrid había interpuesto a uno de los miembros de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (BVODH) cuando documentada un control policial realizado por motivos étnicos, prácticas conocidas como redadas racistas, en la madrileña plaza de Lavapiés en diciembre de 2010. El juez estima que ha existido una vulneración del derecho a la presunción de inocencia del sancionado. Así lo ha anunciado hoy un grupo de representantes de las Brigadas que, junto a miembros de la Comisión Legal de Sol, han realizado una rueda de prensa para comunicar, además, la presentación de un recurso a dicha sentencia. Las BOVDH demandaron el 14 de diciembre de 2012 a la Delegación de Gobierno de Madrid por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales al considerar que estas sanciones violan los derechos de libertad de expresión, asociación y tutela judicial efectiva (presunción de inocencia y utilización de medios de prueba). El colectivo considera el fallo incompleto ya que “no fundamenta ni motiva suficientemente que se desestime la vulneración de los derechos de libertad de asociación, expresión y utilización de medios de prueba”, indican. Según los ponentes, el derecho de libertad de expresión debe ser protegido especialmente cuando se vierten opiniones que perturban o inquietan al poder público, algo que a su juicio es perseguido mediante el mecanismo recurrente de los procedimientos sancionadores. El abogado de la Comisión Legal de Sol, Juan Rubiño, y las integrantes de las Brigadas Malena y Nerea García han vuelto a denunciar hoy la utilización que Delegación de Gobierno viene haciendo de la Policía para reprimir a los movimientos sociales, tanto en ruedas de prensa en las que se los criminaliza como a través de la represión en la calle mediante la persecución de sus actividades a través de sanciones administrativas, la conocida como ‘burorrepresión’. Los tres representantes han denunciado que entre los años 2011 y 2012 las actividades de los movimientos sociales en Madrid han acumulado cientos de sanciones que suman más de 300.000 euros en multas. Asimismo, han expuesto “un cambio de estrategia” que supere la mera denuncia de la represión policial reivindicando una vía activa. Ésta consiste en acudir a los juzgados para evitar que se utilicen las sanciones administrativas para vulnerar el ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de asociación y expresión, y el derecho a la tutela judicial efectiva mediante la utilización de los medios de prueba pertinentes para su defensa. Asimismo, han defendido la vía del recurso en los tribunales en la búsqueda de sentencias favorables a la denuncia de que la Delegación de Gobierno viene vulnerando constantemente los derechos fundamentales de libertad de expresión, asociación y reunión ejercidos por los movimientos sociales. Ésta vía es "más efectiva y más rápida", según Nerea García, abogada de la BVODH, "ya que se trata de un procedimiento sumario que no lleva tasas ni procurador, por lo que se resuelve más rápido y es más barato". Las BVODH vienen denunciando desde hace ya dos años las redadas que suceden en las calles de Madrid, especialmente en el barrio de Lavapiés, en una labor por la cual han recogido más de 1.800 denuncias por parte de vecinos y abundante documentación. Para el colectivo, estas actuaciones policiales recortan los derechos de residencia y libre circulación de la población migrante. Además, han recalcado que las personas que forman estas brigadas están siendo criminalizadas y perseguidas. Su objetivo es que los tribunales reconozcan que Delegación de Gobierno vulnera los derechos fundamentales, como ya ha recogido una sentencia que la comisión Legal Sol interpuso contra la vulneración del derecho de libertad de reunión de un ciudadano.