Asociaciones de letrados se manifiestan en contra del anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita del gobierno
16 Jul 2014
Dani Gago
Madrid, 17 de julio de 2014. Cerca de 300 de abogados se han manifestado hoy ante la sede del Ministerio de Justicia en Madrid, para mostrar su rechado al anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. La convocatoria ha sido organizada por la Confereración Española de Abogados Jóvenes (CEAJ), la Asociación Libre de Abogados (ALA), la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid (APAEM), la Asociación de Abogados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), la Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio (CEAT), y la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid (AJA Madrid).
Según denuncian estas asociaciones en un comunicado conjunto, de aprobarse, la ley tendrá graves perjuicios para los ciudadanos, "al reducir el umbral económico de acceso a la justicia gratuita para las personas no integradas en una unidad familiar, al valorar la situación económica y patrimonial no sólo del interesado sino también de los integrantes de su unidad familiar, al establecer una presunción de abuso por parte de los que soliciten tres veces al año este derecho y al suprimir la obligación de residencia o establecimiento del abogado del turno de oficio en el lugar de asistencia al beneficiario del servicio, impidiendo una atención inmediata y cercana".
Miguel Ángel Muga, vicepresidente de ALA, asegura que los convocantes están "en contra de la totalidad del anteproyecto, porque supone la exclusión de mucha gente del acceso a la justicia gratuita". El anteproyecto de ley impulsado por el Ministerio que gestiona Alberto Ruiz Gallardón trata a los ciudadanos, según defiende Muga, "como abusadores de un servicio público". En su opinión, esta medida, sumada a la ley de tasas, "es un intento [del gobierno] de que no haya litigios por parte de los ciudadanos".
En su opinión, es un grave error "vincular la asistencia jurídica a las tasas por litigio, cuando en realidad la asistencia gratuita debería sufragarse con los impuestos de todos". Muga insiste en la gravedad del asunto, que a su juicio es la vulneración de "un derecho tan importante como la sanidad o la educación".
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