La Empresa Municipal de la Vivienda cede ante la presión de activistas antidesahucio
08 Jan 2015
Juan Zarza
Madrid, 9 de enero de 2015. Activistas por el derecho a una vivienda digna han acudido en la mañana de hoy a la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) para exigir una solución a la situación de Dolores y Alfonso, ambos de edades entre 50 y 60 años, quienes se enfrentaban a su inminente desahucio previsto para el próximo lunes a las 9:30 horas en la madrileña calle Oligisto.
Alrededor de medio centenar de personas vinculadas con la Plataforma de afectados por la Vivienda Pública y Suelo (PAVPS), Asamblea 15M Usera, Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid (PAH Madrid) y Asociación de Vecinos de San Fermín se concentraron a las 11 horas de la mañana ante las puertas de la EMVS donde se han encontrado con un despliegue de la Policía Municipal. Los funcionarios, que tenían conocimiento de que los activistas acudirían hoy a las oficinas para apoyar a los afectados, han limitado la entrada al edificio en coordinación con la empresa de seguridad contratada por la EMVS.
Tras tres horas y media de espera, fuera ya del horario de apertura al público, la empresa municipal ha decidido atender a la afectada con la condición de que no entrase acompañada de abogados ni activistas. No obstante, no ha sido Estrella Sánchez González, Directora de Patrimonio de la EMVS ni Fermín Osle Uranga, Consejero Delegado en la EMVS quienes han recibido a Dolores como es habitual. En este caso han delegado esta responsabilidad en el Jefe de Seguridad de la EMVS quien, una vez reunidos, ha ofrecido a la afectada firmar un “compromiso de convivencia” puesto que uno de los motivos que la EMVS argumenta para haber iniciado el proceso judicial de desahucio es no haber respetado las normas vecinales de convivencia.
La relación de Dolores y Alfonso con la EMVS comienza en el 2004, hace diez años y medio, cuando la pareja es aceptada en un programa de realojo para personas con gran riesgo de exclusión social. Vivían en una furgoneta, en la vía pública, con los cuatro hijos que tenían entonces y se les permitió alojarse en una vivienda, pagando la cantidad de 300 euros en régimen de alquiler social más gastos de comunidad, cantidad que sería aumentada en unos 100 euros posteriormente. Ocho años más tarde, en 2013, la vivienda albergaba a nueve personas: La pareja, cinco hijos y dos nietos, todos ellos en situación de desempleo. Por ello, y a pesar de los intentos, que Alfonso dice haber hecho para conseguir trabajo como albañil o camarero, les fue imposible continuar al corriente de los pagos, contrayendo así una deuda de 15.558 euros con la Empresa Municipal de la Vivienda.
La renta mínima de inserción (RMI) que cobra Dolores, consistente en algo más de 400 euros, no es suficiente para alimentar a toda la familia y pagar el alquiler y a pesar de ello, los afectados denuncian no haber logrado durante estos diez años ninguna de las revisiones bianuales que el Ayuntamiento debe hacer para adecuar la cuantía del alquiler a la situación real de la familia.
En esta situación, la EMVS envió a los afectados una carta de no renovación de contrato y les denunció por impago, siendo estimada dicha demanda por el Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid.
En la mañana de ayer, tras una primera reunión que los afectados lograron con Estrella Sánchez González, Directora de Patrimonio de la EMVS, ésta se comprometió a tratar de paralizar del desahucio, sin embargo, 45 minutos más tarde, recibieron una llamada del organismo municipal que les comunicaba que el lanzamiento seguía adelante.
“Nos quieren echar porque están tratando de hacer una limpieza en los alrededores de la Caja Mágica (El pabellón deportivo)”, Afirma Alfonso. Tras la reunión que hoy ha conseguido Dolores con la EMVS, confían en que los responsables cumplan su promesa de entregar el documento al juez y el desahucio sea paralizado y no vuelvan a desdecirse como ya ocurrió en la anterior reunión.
Los afectad
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