Emigrantes españoles retornados protestan ante Hacienda por la cotización de sus pensiones
28 Oct 2013
Juan Zarza
Madrid, 30 de octubre de 2013. Alrededor de trescientas personas venidas de diferentes puntos del Estado protestaron en la mañana de ayer frente a las puertas del Ministerio de Hacienda en Madrid. Se trata de emigrantes españoles que en los años 60 y 70 viajaron a diferentes países europeos con el fin de conseguir trabajo y ahora, tras su jubilación, han sido informados de que han contraído una significativa deuda con Hacienda por no declarar sus pensiones obtenidas en el extranjero. Representados por la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes y Retornados (FEAER), cientos de pensionistas, procedentes en su mayoría de Andalucía, Galicia y Asturias, han llenado autobuses para dirigirse a la capital en la que han mostrado su rechazo por las sanciones que han recibido por parte del Ministerio de Hacienda.
Según explica Eva Foncubierta, presidenta de la FEAER, en abril de este año miles de pensionistas que habían estado trabajando en el extranjero comenzaron a recibir requerimientos de Hacienda para que declarasen sus pensiones por jubilación. Este hecho, según Foncubierta, contrasta con la información que el propio Ministerio había proporcionado a este colectivo hasta la fecha en sus delegaciones de todas las comunidades autónomas, ya que siempre sostuvieron que las pensiones obtenidas por trabajos fuera de España estaban exentas de declaración. Así lo reflejaban los borradores de todos los emigrantes retornados y nunca Hacienda advirtió irregularidad alguna. La asociación calcula que hay unas 400.000 personas afectadas por esta situación en España.
En estos requerimientos, Hacienda no sólo insta a los pensionistas a declarar sus pensiones sino que exige el pago de la deuda contraída con carácter retroactivo desde el 2008. Al parecer, todas estas declaraciones no realizadas durante los últimos cinco años han generado ciertos recargos e intereses de demora que llegan a cuadruplicar la deuda y que, en ocasiones, elevan a 30.000 euros la cuantía adeudada por algunos de los afectados.
Para Foncubierta, es "vergonzoso" que en los últimos años se haya amnistiado a defraudadores de grandes capitales y ahora pretendan grabar "a personas humildes que han ayudado al desarrollo de España" gracias a la entrada de divisas y cuyas pensiones no suelen superar los 15.000 Euros anuales. “Están tratando como a auténticos defraudadores a un colectivo que, además, está compuesto por personas mayores de 65 años con dificultad para acceder a la información (…) cuyo único delito ha sido fiarse de la información que les daba la propia Administración de Hacienda que es la que, supuestamente, debería entender sobre fiscalidad”, apunta.
“Me tuve que ir para ganarme la vida y ahora me voy a ir de nuevo porque me echan”. Es la declaración de unos de los afectados que ha participado en la manifestación y que asegura sentir que en su país natal le están "tratando como a un delincuente".
Tras la protesta, el Grupo Parlamentario Socialista ha recibido a los afectados en las oficinas del Congreso de los Diputados para prestarles apoyo. Soraya Rodríguez, Carmela Silva, Antonio Hurtado y Esperanza García Fernández se han personado para hablar con ellos de la propuesta no de ley que plantearon al Gobierno ayer por la tarde para que regularice a este colectivo.
Desde el Departamento de Comunicación de la Agencia Tributaria remiten a una nota informativa en la que hacen constar: “La Ley del IRPF establece que si una persona física es residente fiscal en España, deberá declarar en España las rentas que obtenga en cualquier parte del mundo (artículo 2: con independencia del lugar donde se hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia del pagador).”
Asimismo, advierten que desde antes del año 2008 la página web de la Agencia Tributaria informaba correctamente sobre la obligatoriedad de la presentación de este tipo de declaraciones de IRPF y que no se habían realizado sanciones con anterioridad (lo
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