Concentración frente a la empresa Ribera Salud
17 Sep 2013
Álvaro Minguito
Madrid, 18 de septiembre de 2013. Más de un centenar de personas se han manifestado desde las 19 horas de esta tarde, contra la privatización de la sanidad y por la derogación de la ley 15/97, frente a la sede de la empresa Ribera Salud en la calle Nuñez de Balboa. La convocatoria había sido lanzada por diferentes colectivos integrantes de la llamada Marea Blanca en defensa de la sanidad pública, entre los que se encontraban la Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad (CAS-Madrid), la Plataforma Matusalen y la plataforma Vallecas contra las Privatizaciones.
La compañía es una de las principales beneficiarias de la privatización sanitaria emprendida por el consejero de Sanidad de la Comunidad, Javier fernández-Lasquetty, ya que resultó adjudicataria de los hospitales Infanta Leonor, en Vallecas, y del Sureste. Las otras dos empresas que han obtenido adjudicaciones de centros sanitarios son Sanitas –recibió la gestión del Hospital de Henares– y la puertorriqueña Hima San Pablo –que consiguió el Infanta Sofía, el Infanta Cristina y el Tajo–.
A pesar de la paralización cautelar de este proceso, decretada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº4 de Madrid el pasado 3 de septiembre, Ribera Salud continúa la planificación de la futura gestión de dos hospitales madrileños y sigue manteniendo entrevistas con el personal para planificar su futuro servicio.
La adjudicación de los seis hospitales públicos ha sido paralizada en varias ocasiones por diferentes tribunales. Ayer, día 17 de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admitió un nuevo recurso a trámite presentado por el sindicato médico AMYTS, que se suma al presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº4. Este último recurso fue aceptado cautelarmente por el TSJM el 11 de septiembre.
Estaba previsto que las tres empresas adjudicatarias comenzasen a gestionar los seis hospitales a finales de septiembre. Sin embargo, las trabas judiciales que la administración regional está encontrando han retrasado los planes de la Consejería de Sanidad. Se trata del mayor proceso privatizador de la sanidad española en toda su historia.
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