Prisión sin fianza para Granados, imputado por un delito de organización criminal
30 Oct 2014
Álvaro Minguito
Madrid, 31 de octubre de 2014. Organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y fraude. El exsecretario general del Partido Popular de Madrid Francisco Granados y al empresario David Marjaliza han sido enviados a prisión provisional esta mañana por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye la Operación Púnica, trama en la que decenas de políticos crearon una red de influencias para beneficiar a ciertas empresas adjudicatarias de contratos públicos a cambio de comisiones de entre el 2 y el 3%. Velasco imputa ocho delitos a Granados, que ha declarado durante dos horas y media en la sede de Prim de la Audiencia Nacional. El juez envía a Soto del Real a Granados y Marjaliza en régimen de prisión incondicional sin fianza.
El auto dictado por el magistrado estima que Granados se lucró "amañando concursos públicos" confirma la existencia de cuentas en Suiza a nombre de Granados y detalla que las autoridades suizas han informado de "que existe sospecha de blanqueo de capitales agravado". Éste ha declarado ante el tribunal que las cuentas pertenecen al empresario Marjaliza, quien se acogió a la amnistía fiscal puesta en marcha por Hacienda. Marjaliza se ha negado a declarar en la mañana de hoy 31 de octubre.
Granados y Marjaliza son el cuarto y el quinto detenidos que pasan a prisión sin fianza, después de que en la tarde de ayer los empresarios José Luis Huertas y Alejandro de Pedro y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP) fueran considerados por el juez "cabecillas" de una trama en la que están implicados hasta 51 personajes de la vida política y empresarial de varias comunidades autónomas.
El Código Penal define la Organización Criminal como "la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas". Este delito está tipificado con penas de prisión de cuatro a ocho años si la organización tiene por finalidad la comisión de delitos graves, (los castigados con pena privativa de libertad superior a cinco años), y con pena de tres a seis años en los demás casos.
También en el marco de la llamada Operación Púnica, el diputado de UPyD en la Asamblea de Madrid Ramón Marcos, ha presentado esta mañana una denuncia en la Audiencia Nacional contra varios responsables de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, entre ellos José Martínez Nicolás, consejero delegado de la empresa pública que se encuentra actualmente en libertad con cargos por su relación con la misma trama de corrupción.
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