El Tribunal Ciudadano de Justicia se querella contra los gestores de Caja Madrid y Tasamadrid
 21 Nov 2013 Juan Zarza 
Madrid, 22 de noviembre de 2013. Esta mañana el Tribunal Ciudadano de Justicia (TCJ), colectivo nacido de la Acampada del 15M en Sol, ha presentado el fruto de dos años de trabajo de investigaciones: su primera querella contra la banca. Concretamente, este “grupo transversal de las asambleas 15M”, como se autodefine, ha demandado hoy a los gestores en la época de la burbuja inmobiliaria de Caja Madrid, entidad ahora integrada en Bankia, y Tasamadrid, entonces sociedad de tasación inmobiliaria propiedad de la caja y actualmente en manos del grupo Tinsa. No será la última, ya que desde el TCJ apuntan que presentarán nuevas demandas en el futuro.   Tal como han explicado, tras dos años de investigación y recopilación de pruebas, esta organización “ha iniciado una serie de acciones jurídicas contra los gestores de entidades bancarias y otros agentes (tasadores, promotores inmobiliarios y empresarios)” con el fin de probar “prácticas ilícitas y delictivas ante claros indicios de delito de falsedad documental en las concesiones de préstamos hipotecarios y en las garantías que deberían haber exigido, así como un delito continuado de estafa en la constitución de títulos y fondos, patentes al menos entre los años 2003 a 2007”. Durante este tiempo han recogido las pruebas que les permiten demostrar esos delitos, han asegurado.   En una rueda de prensa acaecida en el centro social ocupado La Morada, en Madrid, los integrantes de colectivo han explicado que han comenzado con la querella contra los gestores de Caja Madrid y Tasamadrid por ser las entidades de las que más documentación han conseguido. En concreto, les acusan de los delitos de estafa, administración desleal, falsedad documental, apropiación indebida y alteración en el precio de los bienes.   Pedro Martí, integrante del TCJ, ha apuntado que lo que denuncian es “la generación ilegal de toda la deuda bancaria que se ha hecho pública”. En el caso concreto de Caja Madrid, “el montante total de la ayuda que se ha dado a Bankia, que ha sido la entidad que ha heredado la deuda generada por estos gestores, es de 23.000 millones de euros, una cantidad que supera a todos los recortes que ha habido en sanidad y educación y que es la causa de todos los recortes en general”, apunta. Además, ha recordado que toda esa deuda privada se ha convertido el pública.   Martí apunta que con su investigación han demostrado que los gestores de ambas entidades “han sobrevalorado de forma masiva con el fin de lucrar a la entidad y lucrarse ellos, junto a las constructoras, las tasadoras y otras entidades que se han aprovechado de esta generación de deuda y del aumento del volumen de capital que ello ha implicado”. Así, destacó además que en ese proceso “se han infringido todas las normas de control y seguridad y las garantías mínimas para que fuesen devueltos los préstamos concedidos”. Esta situación, sostienen, tuvo como consecuencia el impago masivo de los créditos y la falta de solvencia de la entidad, lo que provocó el rescate de la misma. Martí, indicó que “esto afecta a todas las entidades, no sólo a las cajas, también a los bancos”, señalando como causa de esta situación “el haber gestionado como si fuesen empresas privadas las empresas públicas”.   El trabajo de recopilación de pruebas por parte del TCJ se ha realizado con el apoyo de las asambleas populares del 15M, indicó Martí, quien resaltó que este movimiento “ha puesto de manifiesto que nadie es intocable y que la población es capaz por sí misma de alcanzar las soluciones que necesita para salir de esta crisis”.   Por su parte, Liliana Pineda, también integrante del TCJ, declaró que la querella formalmente “la ejercen algunos de los accionistas que han sido estafados por esta operación de vaciamiento de las propias entidades contra cuyos gestores nos dirigimos”. Asimismo, adelantó que existen 81 expedientes que acreditan esta operación entre compra ventas, hipotecas, tasaciones o recibos de pago a las

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