La penalización del aborto en El Salvador conlleva cárcel, pobreza y muerte
24 Oct 2013
Adolfo Luján
Madrid, 24 de octubre de 2013. El colectivo Unidad Popular de Clase (UPK) organizó ayer en la librería Traficantes de Sueños un acto público con el tema “Mi cuerpo, mi decisión. Aborto libre y en la sanidad pública” al que invitó como ponentes a Mariana Moisa de Colectiva Feminista El Salvador y a Mónica Calvo de Zirikatuz Feminista Taldea (Euskal Herria).
A las 19 horas, Susana Cerrudos de UPK introdujo los motivos de este debate: “El número de abortos nunca disminuye como consecuencia de una legislación más restrictiva, es decir, si una mujer necesita abortar lo hará donde sea, como sea y cuando sea. Las mujeres trabajadoras mueren, las burguesas viajan. (…) La propia Organización Mundial de la Salud calcula que alrededor de 50.000 mujeres mueren cada año como consecuencia de abortos inseguros y se estima que 5 millones acaban sufriendo graves problemas de salud”.
Después de su intervención dio paso a la ponencia de Mariana Moisa. Proveniente de un colectivo de El Salvador dedicado a la defensa y revisión de los casos de mujeres en prisión con penas de hasta 30 y 40 años por delitos de aborto en este país, Moisa aportó algunas cifras relevantes y expuso el panorama actual al que se enfrentan. “Aun cuando la vida de la mujer o de la niña corra peligro. Hay embarazos en adolescentes en una tasa que asusta, 1.700 agresiones sexuales. Hay muchísima violencia contra las mujeres, muchísima violencia sexual y, en ese contexto, una penalización absoluta del aborto. Estamos hablando de que hay niñas embarazadas de 11 años”, explicó.
Hasta el año 1997 en El Salvador la ley admitía 3 supuestos en los que era posible el aborto, al igual que en España, “cuando la vida de la mujer corre peligro, por estupro o agresión sexual y en el caso de malformación”. Después se cambia el código penal procesal y se penaliza el aborto. Además, en esos años se aprueba una reforma constitucional, apoyada también por la izquierda, en la que el Artículo 1 declara que el Estado debe proteger al ser desde el instante de la concepción. Estos cambios legislativos conllevan la penalización absoluta del aborto e imponen penas de hasta 30 a 40 años por ser considerado el aborto como homicidio agravado.
Las consecuencias que todo esto conlleva son la obligación del personal médico de denunciar y el no respeto de la presunción de inocencia. Se produce un traslado directo desde el hospital público a la cárcel. “Ahí mismo son custodiadas, y algunas también las esposan a la cama”, destacó Moisa. Por otro lado, la activista añadió que hay además una cuestión de desigualdad muy grave, ya que no se persigue a los hombres con lo que se legitima la paternidad irresponsable, y además, “de las 129 mujeres en prisión, ninguna proviene de un hospital privado”.
Para finalizar su intervención, Moisa relató los casos de Karina Clímaco y Beatriz. La primera de ellas, pasó 7 años en prisión por un aborto en el que el informe presentado por el Instituto de Medicina Legal estaba lleno de errores y hasta, según cuenta la activista, “decía que el feto de la niña tenía próstata”. Consiguieron que Karina saliera de prisión y pudiera volver con sus 3 hijos. En el caso de Beatriz, al tratarse de un embarazo anencefálico, el médico solicitó la interrupción. El tribunal demoró la decisión y en la semana 27 le practicaron una cesárea. “Ese mismo día, los grupo pro-vida aparecieron con una canastilla y hasta con un gorrito para que no se viera el cráneo no formado del niño”, detalló Moisa.
Antes del turno de preguntas, Mónica Calvo quiso relacionar el caso extremo de El Salvador con el de la reforma prevista por el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en España, para advertir de las consecuencias que puede tener un endurecimiento del aborto.
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