Distrito 14 denuncia la persecución del fiscal en el juicio por la protesta en el pleno de Moratalaz
25 May 2015
Eliezer Sanchez
Madrid, 26 de mayo de 2015. El juicio contra los 18 jóvenes detenidos el pasado 10 de marzo tras protagonizar una protesta contra los desahucios en el pleno de la Junta de Moratalaz ha sido aplazado a la espera de que se traslade el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid al Juzgado de Instrucción. "Las partes ya tenemos el auto de la Audiencia en el que afirma que es un juicio de faltas, pero entiendo que todavía no habrá sido remitido al juzgado correspondiente", explica su abogado Ertlanz Ibarrondo a Diagonal.
En la rueda de prensa ofrecida esta misma mañana por integrantes de Distrito 14 ante cerca de medio centenar de personas en las puertas de los Juzgados de Plaza Castilla han aclarado que permanecen a la espera de que se fije la fecha definitiva para el juicio, y de que se esclarezcan los supuestos delitos o faltas de los que son acusados. "Es una evidencia y está constatado jurídicamente que lo que sucedió aquél día está más cercano a lo que contaban los chavales, que a lo que decía la Policía y la Delegación de Gobierno", afirma Ertlanz.
Todos estos jóvenes, pertenecientes a los colectivos Distrito 14 y Frente 202, fueron detenidos y acusados de delitos contra las instituciones del Estado por una protesta contra los desahucios bajo el lema 'Ni gente sin casas, ni casas sin gente' el pasado 17 de febrero durante la celebración del pleno de la Junta Municipal de Moratalaz. Además, cuatro de ellos están acusados de desórdenes públicos por los mismos sucesos. Desde Distrito 14 confirman que la Delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, hizo "valer su poder mediante su expresión legislativa, es decir el fiscal", que llegó a recurrir hasta tres veces para que el caso se llevase por la vía penal. "Había una clara voluntad de la Fiscalía de que estos hechos fueran constitutivos de delito, mientras dos Juzgados de Instrucción y la Audiencia Provincial han afirmado que no tienen relevancia para constituir un delito", reitera Ertlanz.
"Pese a las trabas que nos imponen a la juventud, animamos a seguir luchando y a seguir dejándoles claro que su represión nos legitima, y que no nos parará", reiteran desde Distrito 14. Este mismo colectivo afirma que el motivo real de la detención fue la de encabezar "una campaña contra los desahucios", en la que señalaban "todas las partes que hacen posible sus ejecuciones, entre las cuales se encuentra la policía". Cristina Cifuentes, por su parte, llegó a garantizar que "irrumpieron en el pleno y se armó la marimorena", además de alegar que existieron lesiones a agentes. Sin embargo, las imágenes grabadas aquél 17 de marzo por periodistas como Juan Carlos Mohr evidencian todo lo contrario. En los vídeos difundidos se aprecia como los jóvenes fueron desalojados de la Junta de Moratalaz instantes después de desplegar una pancarta, sin vestigio de violencia por parte de los detenidos.
El delito contra las instituciones del Estado viene reflejado en el artículo 505 del Código Penal, que establece penas de entre seis meses y un año de prisión para aquellas personas "que sin ser miembros de la corporación local, perturben de forma grave el desarrollo de sus plenos impidiendo el acceso a los mismos, el desarrollo del orden del día previsto, la adopción de acuerdos o causen desórdenes que tengan por objeto manifestar apoyo a organizaciones o grupos terroristas".
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