Activistas negocian con Bankia la paralización temporal de un desahucio en el distrito de Latina
 16 Dec 2014 Eliezer Sanchez 
Madrid, 17 de diciembre de 2014. Varios furgones de la Policía Municipal de Madrid rodeaban desde primera hora de la mañana de hoy la casa de Vilma y Fernando, en el número 32 de la calle Tembleque, en el madrileño distrito de Latina, a pesar de que la Asamblea de Vivienda del barrio consiguiera ayer a mediodía el compromiso de Bankia de paralizar temporalmente la ejecución del desahucio, inicialmente previsto para hoy a las 10:00 horas. Era un acuerdo verbal, según el cual la familia no será desalojada por el momento, y se abre la vía a una negociación con el banco, que dará comienzo con una primera reunión el próximo 20 de enero.   “Se comprometieron también a notificarlo al juzgado”, explica otro activista, miembro de la Asesoría de Ocupación de Carabanchel, pero a primera hora de la mañana nadie podía confirmar que lo hubieran hecho. Los agentes desplegados no han permitido a Fernando acceder a su vivienda -en la que permanecían su mujer y sus hijos, acompañados de un activista- hasta que han recibido la orden de retirarse, alrededor de las 9:00 horas. “Suponemos que la concejalía ha ordenado la retirada, después de que el director de la sucursal de Bankia haya presentado la notificación al procurador”, ha explicado Pablo Villadangos, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid y de la Asamblea de Vivienda de Latina.   Vilma, que se mostraba tranquila tras el anuncio, ha explicado a DISO Press que Bankia les remite a los Servicios Sociales, “pero ya hemos ido y no hay nada”. Se pregunta por qué el banco “anuncia alquileres sociales en los medios de comunicación pero luego nos niega el acceso a ellos. Nos dicen que tenemos que ser deudores hipotecarios, y como no lo somos, no tenemos derecho”. Para ellos -que desde noviembre ingresan únicamente los 426 euros correspondientes al subsidio de desempleo de Vilma- el alquiler social sería “una solución, porque cuestan entre 120 y 400 euros, en función de las rentas”.   La pareja, con cuatro hijos a su cargo, alquiló la vivienda en enero de 2014, por 300 euros al mes, a un familiar de los anteriores inquilinos, sobre quienes pesa en realidad la orden de desalojo. “Ellos se fueron a su país huyendo, por miedo”, dice Violeta, miembro de la Asamblea de Vivienda de Latina, que asegura que no intentaron negociar porque “los bancos no les informan de las posibles alternativas, no les explican el procedimiento, les mienten”.

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