Los Couso buscan con los grupos parlamentarios intentar paralizar el fin de la justicia universal
 10 Feb 2014 Juan Zarza 
Madrid, 11 de febrero de 2014. La familia de José Couso, el cámara asesinado en 2003 por disparos de un carro de combate estadounidense contra el Hotel Palestine, lugar donde se encontraban numerosos periodistas que cubrían la invasión norteamericana de Irak, se ha reunido hoy con representantes de todos los grupos parlamentarios para pedir la eliminación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El nuevo texto, cuya toma en consideración se decide esta tarde en la Cámara Baja y al que se opondrán todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, busca eliminar la justicia universal del ordenamiento jurídico español, lo que obligaría a cerrar investigaciones judiciales como la abierta contra China por el genocidio de El Tibet o las iniciadas por el genocidio de Ruanda o las torturas en Guatánamo, entre otras muchas.   El hermano de José Couso, Javier Couso, ha criticado al Gobierno por tratar de "dar un carpetazo en contra de lo que han decidido los tribunales españoles, ya que por el Tribunal Supremo se decidió que se tenía que seguir investigando”. De forma contundende, el portavoz de la familia ha preguntado a los representantes del Partido Popular “qué se siente y cómo van a hacer, al dejar sin tutela y sin protección al ciudadano español para dársela a ciudadanos de otro país que han, presuntamente, asesinado a un ciudadano español”.   Tal como ha expresado Couso, “unánimemente la mayoría de los grupos, incluso el Partido Socialista, se han comprometido a estudiar el recurso de inconstitucionalidad, y nosotros pedimos además al Partido Socialista que lo abra, que esos 50 diputados voten en conciencia porque va a ser algo gravísimo lo que va a hacer este Gobierno”.   Por su parte, la madre de Couso, Maribel Permuy, afirma sentirse “desprotegida”, pero asegura que su familia “va a seguir la lucha”. Además, denuncia: “Si a José Couso lo hubiese asesinado un etarra tendría el apoyo de ellos pero como a José lo asesinaron militares estadounidenses...”.   El abogado de la familia Couso, Raúl Maíllo, ha indicado por su parte que “o se cambian los términos de la norma o este procedimiento hará que cualquiera de vosotros (en referencia a los periodistas) en cualquier conflicto armado vaya a sufrir el mismo riesgo y la misma impunidad”. A pesar de que asegura que han recibido “buenas palabras”, el letrado apunta que “la norma se ha presentado con los contenidos que se ha presentado y lo que esperamos es ser capaces de cambiar ese contenido y que triunfe la protección de los derechos, la protección a las personas civiles y el derecho y la jurisdicción universal sobre cualquier otro criterio que se pueda establecer”.   Tal como explica Maíllo, el argumento jurídico por el que se dejarían de investigar hechos como el asesinato de José Couso sería “que no están los victimarios a disposición de la jurisdicción española, es decir, que los que presuntamente han cometido los hechos no estarían a disposición de la justicia y por lo tanto no se iniciaría el procedimiento o no se mantendría abierto".   Numerosas organizaciones, desde otros partidos políticos como Equo a ONG como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, han pedido al Gobierno que no siga adelante con sus planes para eliminar la justicia universal. En la misma línea se han expresado públicamente organizaciones internacionales como la Asociación de Mujeres Tibetanas o una docena de políticos y representantes judiciales de la India, entre los que se encuentra Shri Bhakta Charan Das, diputado del partido del Congreso en el Parlamento hindú.

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